El gobierno de Cataluña ha anunciado un nuevo decreto donde pretende minimizar el impacto social de los proyectos ofreciendo un papel más activo de la ciudadanía en todo el proceso.

En el último año y medio, se han presentado en Cataluña cerca de 600 proyectos de energías renovables. Que en el caso de ir adelante, representarán la instalación de más de 13 GW, una cantidad que supera toda la potencia que hay actualmente instalada en Cataluña.

La avalancha de proyectos ha levantado las protestas del mundo local y los grupos ecologistas. Los promotores, sin embargo, tampoco están del todo contentos, porque han visto como en el primer trámite -la ponencia que estudia la viabilidad de los proyectos les tumbaban una quinta parte de los proyectos. De hecho, sólo 9 han llegado a información pública, el primer paso para su aprobación.

Se elimina el primer trámite

Ante la falta de consenso, la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, ha optado por una propuesta que quiere priorizar proyectos de pequeños promotores con apoyo de propietarios y vecinos de las zonas donde se instalan los proyectos.

El nuevo decreto que prepara el Gobierno elimina la llamada ponencia, que sólo servía para hacer una valoración previa de la viabilidad del emplazamiento del proyecto y que, según el Departamento de Acción Climática, no filtraba suficientemente los proyectos. A partir de ahora, en caso de que la propuesta de decreto salga adelante, los promotores deberán presentar de entrada una documentación mucho más exhaustiva.

El objetivo es frenar la avalancha de proyectos que bloqueaba la administración y depurar los meramente especulativos; al mismo tiempo, se busca evitar el rechazo que se generaba en el territorio afectado, que veía como a menudo, por una misma zona se presentaban hasta tres o cuatro proyectos.